PSOE y Podemos firman un acuerdo programático de gobierno

Pedro y Pablo Firma de Acuerdo

“Es una coalición progresista para que España avance”, dijo Pedro Sánchez, actual jefe de Gobierno y futuro de la nueva alianza, que aún no tiene fecha de asunción

  • El candidato a la investidura del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, firmaron esta tarde el acuerdo programático con las principales medidas que tomará su futuro Gobierno de coalición

 

Agencias

Sánchez e Iglesias firmaron su acuerdo de Gobierno en presencia de sus respectivos equipos negociadores y cargos del Gobierno en funciones, PSOE y Podemos.

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La firma se produjo horas después de que Sánchez y el presidente del partido nacionalista vasco PNV, Andoni Ortuzar, sellaran el acuerdo por el que los seis diputados nacionalistas vascos apoyarán la investidura del líder socialista, para la que todavía no hay fecha pero que podría celebrarse en los próximos días.

 

En el texto que han firmado ante los medios gráficos este lunes por la tarde se recogen medidas con un marcado carácter social como el incremento del salario mínimo, la reforma de las pensiones o la recuperación de los derechos laborales.

 

Sánchez ha reiterado durante su breve intervención -sin preguntas- ante los medios de comunicación el carácter “progresista” de esta coalición. “Es una coalición progresista para que España avance”, ha dicho, afirmando que el progreso es lo que hace “avanzar a un país”.

 

Por su parte, Iglesias se ha referido a una última“década perdida” en la que ha reinado la “crisis, los recortes sociales, los recortes de derechos y libertades, el conflicto territorial mal gestionado por la derecha", pero también ha sido una “década de esperanza” con “el movimiento 15-M, las mareas, los pensionistas, el movimiento feminista".

 

“Unos movimientos que nos han dicho a los políticos que las cosas se pueden hacer de otra forma, que sí se puede”, afirmó para acabar agradeciendo la “enorme generosidad” del Partido Socialista.

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En el texto se recogen subas del salario mínimo interprofesional que podrían elevarlo hasta los 1.200 euros a través de un incremento progresivo de hasta el 60% del salario mínimo durante la legislatura. Los trabajadores, además, recuperarán muchos de los derechos laborales que fueron derogados con la reforma laboral de 2012.

 

En este plan contra la precariedad se incluye eliminar el despido por absentismo por baja por enfermedad, así como limitar las subcontrataciones solo a los servicios especializados que sean ajenos a la actividad principal que desarrolle la empresa.

 

Además, se contemplan subidas del impuesto del 4% para rentas de más de 300.000 euros, y del 2% en el caso de las que superan los 130.000 euros. El tipo mínimo para el impuesto de sociedades será del 18% para los bancos y las empresas de energía y del 15% para el resto. A partir de los 140.000 euros, el tipo sobre las rentas de capital subirá cuatro puntos, del 23 al 27%.

 

Las pensiones también se reforman a través de un nuevo Pacto de Toledo, actualizándolas conforme al IPC real. El texto contempla también aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas.

 

El texto recoge brevemente el conflicto catalán, manifestando que lo abordarán “impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”.

A esta misma hora, además, la ejecutiva de ERC (independentistas catalanes de izquierdas) debate las negociaciones con los socialistas y su posible abstención para hacer posible la investidura.

 

Una abstención que ERC condicionaba a un gesto por parte de la Abogacía del Estado en su informe sobre Oriol Junqueras (líder de ERC encarcelado por un delito de sedición y malversación) después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea admitiera su inmunidad como europarlamentario.

 

La Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que permita que Junqueras pueda tomar posesión como eurodiputado y ejercer sus funciones mientras mantenga ese estatus, al tiempo que urge al tribunal a tramitar "a la mayor brevedad" ante el Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad.

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