La expareja de la empleada de Iveco se entrega a la Guardia Civil

Es el principal sospechoso de divulgar el vídeo sexual

  • El individuo a sido puesto el libertad sin cargos

 

El principal sospechoso de la difusión del vídeo sexual que acabó con el suicidio de Verónica se ha presentado esta tarde en el cuartel de Mejorada del Campo para prestar declaración. Ha tardado unos días en dar el paso, pero en las últimas horas la justicia ha decidido entrar en el tema para perseguir los posibles delitos que se hubieran cometido a la hora de difundir el vídeo. En estos momentos se encuentra declarando en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Ahora se puede enfrentar a posibles delitos de revelación de secretos o extorsión, dependiendo de cómo se desarrollen las investigaciones.

 

Porque antes de la entrega y detención, la policía ya investigaba la filtración del vídeo íntimo de la mujer, madre de dos hijos pequeños, que terminó suicidándose tras ver cómo este se difundía por Iveco, la empresa de automoción donde ella trabajaba. Se da la circunstancia de que en esta también trabajaba su expareja, que ahora se ha entregado a la justicia.
Entre sus compañeros se suceden ahora las concentraciones de repulsay muchos hacen examen de conciencia. Pero el daño ya está hecho. Las pesquisas siguen la pista de 20 personas que podrían haber recibido los primeros el vídeo. La grabación íntima corrió por los móviles de una plantilla con mayoría de hombres y no son pocos los que admiten la culpabilidad colectiva. Hay motivos para ello porque la gente señalaba a Verónica e iba a buscarla para comprobar que era ella. Ahora la justicia está analizando si estamos ante un caso también de "acoso sexual".
 

A qué se puede enfrentar

Como señala el experto Borja Adsuara, "no se puede juzgar un delito sin saber los detalles, pero en el caso de Verónica vemos claramente una situación de acoso". El art 173.1 detalla el delito contra la integridad moral, y va de seis meses a dos años de prisión, mientras que el art.169 contempla el de amenazas o coacciones.  En el delito contra la intimidad la pena puede llegar hasta los 5 años de prisión si se exige una cantidad u otra acción por no revelar el vídeo. Y de seis meses a tres años si no se consiguen esos objetivos.
 
 
Por otra lado está el art. 197.3 que incluye la revelación de secretos. Hasta 2015 tenía que haber acceso ilegal del vídeo para que fuera un delito, pero ahora mismo no. Por eso en el caso de Hormigos no hubo penas. Ahora, con el cambio de ley para acabar con la pornovenganza si el vídeo se consigue con consentimiento, pero se difunde sin la autorización de la víctima hablamos de penas de entre 3 meses y un año.
 
Verónica había alertado a la empresa de su situación, incluso señaló a una persona como presunto autor de poner el primer vídeo en las redes sociales, de divulgarlo. Ella había sido pareja de un compañero que ya no estaba en la empresa y que, según algunos trabajadores, podrían haberla acosado con intención de retomar la relación. Quien iniciara la cadena de difusión del vídeo íntimo y todos los que lo compartieron pueden tener responsabilidad penal.
 

CCOO traslada su pésame a la familia, amigos y compañeros de la mujer,afiliada al sindicato, que considera que lo ocurrido es un "claro" caso de acoso sexual y denunciará ante la Inspección de Trabajo "la inacción de la empresa automovilística, que se negó a activar el protocolo cuando supo lo que estaba ocurriendo" desde el pasado 23 de mayo. "La mujer estaba siendo acosada por un compañero y no hizo nada para evitarlo", ha recalcado

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