Adelante Andalucía pide explicaciones al Gobierno por el ERE encubierto en las empresas públicas

La portavoz de Economía de Podemos Andalucía y candidata al Parlamento, Carmen Lizárraga, exige garantías para los trabajadores ante la posible pérdida de sus empleos en el sector público

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos Andalucía y candidata de Adelante Andalucía a las elecciones autonómicas, Carmen Lizárraga, ha censurado el intento del Gobierno andaluz de reducir la plantilla de los entes instrumentales vía “ere encubierto” lo que supone poner en riesgo la estabilidad laboral de trabajadores y trabajadoras con más de 10 años de antigüedad en empresas públicas como la Agencia de Medio Ambiente (AMAYA), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).

En esta línea, la dirigente andaluza ha instado al consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, a “esclarecer urgentemente un supuesto proceso de estabilidad laboral” en la administración que en la practica “pone en riesgo la economía familiar de miles de andaluces” que desarrollan su labor en el sector público autonómico. Estas declaraciones se han producido al término de la reunión mantenida por Lizárraga con representantes de la Plataforma del Personal del Sector Público Instrumental
de la Junta de Andalucía, órgano que aglutina a centenares de empleados de las distintas agencias públicas afectadas por el “ERE encubierto”.

Como ha expuesto Lizárraga, bajo la excusa de la estabilización del personal, el Gobierno andaluz atentará contra los derechos adquiridos por trabajadores indefinidos que desempeñan actividades de carácter estructural en las empresas públicas pese a no habérseles reconocido esta condición explícitamente. “Nuevamente nos encontramos ante una situación provocada por el descontrol y la pésima gestión que caracterizan al Gobierno de Susana Díaz”, ha apuntado la parlamentaria de Podemos, que ha exigido al Ejecutivo explicaciones respecto al proceso abierto y ha instado a buscar “soluciones negociadas” con los trabajadores “antes de que sean los jueces quienes evidencien la mala praxis de la Junta hacia sus propios empleados”.

Finalmente, Carmen Lizárraga ha criticado que el Gobierno andaluz use “subterfugios” para desprenderse de “trabajadores mileuristas que soportan la mayor carga de trabajo” en estas empresas mientras los directivos, puestos designados a dedo y vinculados al aparato del PSOE-A, “siguen viviendo a cuerpo de rey con altos salarios y en demasiadas ocasiones sin tarea provechosa”. “Una vez más Susana Díaz quiere cebarse con los débiles en lugar de acometer una reforma seria y rigurosa y limpiar la administración instrumental de paracaidistas del PSOE que luego acaban visitando prostíbulos con dinero público”, ha sentenciado.

 

 

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